Por Enrique Parejo González*
Especial para UN PASQUÍN

Por definición, un proceso de paz sólo tiene lugar entre contendientes, es decir, entre adversarios que libran una guerra entre sí y deciden adelantar conversaciones para definir las condiciones que les permitan ponerle fin al conflicto que los enfrenta. En ese sentido, es inconcebible un proceso de paz entre amigos o entre partidarios de una misma causa.

De ahí que repugne a la conciencia hablar de un proceso de paz del Estado con los ‘paramilitares’. En efecto, éstos se han considerado siempre aliados de aquél, en su lucha contra la subversión. Uno de los argumentos más socorridos de los ‘paramilitares’, cuando pretenden que no se castiguen sus acciones criminales, ha sido precisamente ése: el de que esas acciones son consecuencia de su lucha contra la guerrilla, al lado del Estado.

Se trata de un argumento falaz, porque ni siquiera los agentes del Estado pueden alegar esa condición para pretender que se les exonere de responsabilidad por las violaciones a la ley en que incurran. O para que se les dé un tratamiento favorable. De accederse a esas pretensiones, nos hallaríamos, en ambos casos, ante una situación de evidente arbitrariedad, que sólo se explicaría en una tiranía. Pero no en un Estado de Derecho.

Tanto en el país como en el exterior, los ‘paramilitares’ han sido considerados siempre como autores de delitos atroces, cometidos so pretexto de combatir a la subversión. Han sido los emisarios de la barbarie. Hasta ahora, a ningún gobierno, liberal o conservador, le había pasado por la mente pactar la “paz” con ellos. Bastó que el que hoy rige los destinos nacionales les diera la orden de desmovilizarse para que lo hicieran. ¡Claro que previo el compromiso de burlar el derecho y la justicia para asegurar la impunidad de sus crímenes!

Aunque su origen se remonta a los años sesenta, en el decenio de los ochenta los narcotraficantes crearon grupos armados, que comenzaron a llamarse ‘paramilitares’, para defender sus tierras mal habidas de las acciones de la guerrilla o para arrebatarles sus propiedades a campesinos inocentes a quienes, con ese fin, acusaban de ser cómplices o auxiliadores de la misma. Esas organizaciones se financiaban con el producto del narcotráfico.

Los ‘paramilitares’ sembraron el terror en el país, con el apoyo de ganaderos y terratenientes y, lo que es peor aún, del propio Estado. El mismo apoyo que hoy les sirve para quedarse con las propiedades que les arrebataron a las víctimas de sus asesinatos y para lograr que sus crímenes queden en la impunidad. ¡Es increíble que el Estado haya permitido que el país se hunda, de esa manera, en los abismos de abyección en que hoy se encuentra!

Imposible olvidar, por la crueldad con que fueron cometidas, las masacres de Ituango y Mapiripán, en las cuales fueron asesinadas más de 70 personas, con el apoyo, directo o indirecto, de autoridades militares y civiles de Antioquia y del Meta. De ahí que la Corte de Derechos Humanos de la Oea, los haya calificado como verdaderos crímenes de Estado.

No sobra recordar que, en Antioquia, donde se cometió una de esas dos masacres, o de donde salieron los ‘paramilitares’ que cometieron la otra, era Gobernador el doctor Álvaro Uribe Vélez. El creador de las Convivir. El mismo que, luego, como Presidente de la República, reconoció la responsabilidad del Estado en esas masacres. Y el mismo que impulsa hoy un absurdo proceso de paz con los ‘paramilitares’.

¿No es injusto que, en lugar de que esas autoridades resarzan, con su propio peculio, a las víctimas de las masacres y a sus familiares, lo tengamos que hacer todos los colombianos, a través del Estado, por razón de la condena que, con base en las normas que rigen su funcionamiento, dictó en contra del país, la Corte de Derechos Humanos de la Oea?

¿Y no es también injusto que los ‘paramilitares’ se hayan arrogado la facultad de calificar, por sí y ante sí, como auxiliadores de la guerrilla a las poblaciones masacradas por ellos? ¿Y acaso no es también absurdo que los ‘paramilitares’, en el colmo de la barbarie, hayan torturado y asesinado brutalmente a esas poblaciones, con la aquiescencia de las autoridades civiles y militares del Departamento de Antioquia? ¿Y no es el colmo del ultraje a la Justicia que un gobierno complaciente con ellos los premie con toda clase de miramientos, violando, incluso, una Sentencia de la Corte Constitucional de nuestro país?
¡Qué horror! ¡Qué vergüenza para Colombia!