Por Jaime Castro*
Especial para UN PASQUÍN

En el 2002 Alvaro Uribe prometió reformar a fondo el ordenamiento territorial del país. Entre otras cosas, ofreció fusionar departamentos para crear regiones; organizar parlamentos autónomos que ejercieran algunas de las funciones legislativas del Congreso; y eliminar los monopolios –licoreras y loterías- que se convirtieron en la caja negra de las campañas electorales. Como Uribe había sido Alcalde de Medellín, aunque por pocos meses, y Gobernador de Antioquia, departamento que siempre ha defendido los derechos de la provincia, muchos creímos que sus propuestas se convertirían en actos de gobierno, una vez elegido. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. En los últimos 4 años no se ha tomado una sola decisión importante que favorezca las entidades territoriales. Por ello, la descentralización vive su peor momento y padece su más grave crisis.

Para agravar aún más la situación, el Gobierno promueve reformas que van en contravía de lo que se necesita para salvar el proceso descentralizador. El primer lugar, impulsa la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que, en buen romance, constitucionaliza la politiquería y la corrupción. No habrá organismo de control capaz de evitar y sancionar las “alcaldadas” de los mandatarios seccionales y locales que atacados por el “síndrome Uribe” quieran hacerse reelegir. La propuesta reelectoral también prueba que al Gobierno interesa más la suerte de los alcaldes y gobernadores que la de los municipios y departamentos como entidades territoriales.

También quiere recortar las transferencias o participaciones que financian la educación y la salud públicas y el saneamiento básico. Busca recortarlas porque lo que pretende es evitar que crezcan a partir del año 2009 en la proporción que el texto constitucional vigente ordena. Que crezcan menos que lo que ese texto dispone.

Como no ha hecho nada para evitar y sancionar los malos manejos y el despilfarro, acompañados muchas veces de conductas delictuosas, que se han apoderado de buen número de municipios y algunos departamentos, propone ahora que se le permita “disolver” sus respectivas administraciones, o sea “desmontar” la descentralización. Olvida que en la mayoría de esos casos las situaciones denunciadas obedecen más a causas estructurales, que es necesario superar, que a circunstancias de tipo personal.

Pero no sólo el Gobierno se equivoca en la materia. También lo hacen congresistas amigos suyos pues uno de ellos presentó a consideración del Senado proyecto que unifica el calendario electoral porque dispone que la elección de Presidente de la República, gobernadores y alcaldes tenga lugar el mismo día. De esa manera se nacionalizan las elecciones regionales y locales y se acaba con la autonomía política de las entidades territoriales porque es obvio que la campaña presidencial, con toda su capacidad de movilización y de “arrastre”, pondrá a muchos electores a votar por los candidatos a gobernaciones y alcaldías que sean partidarios de uno u otro aspirante presidencial, y no por los candidatos a esos mismos destinos que mejor puedan servir los intereses y necesidades del respectivo departamento o municipio.