Por Enrique Parejo Gozález*
Especial para UN PASQUÍN

Duele tener que admitirlo, pero las condenas recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por las masacres de Ituango y Mapiripán, ocurridas en los años 1996 y 1997, son absolutamente justas. Estas masacres, como todas las cometidas por los paramilitares, fueron crímenes atroces, de inaudita crueldad.

Y lo que más duele es que se trató de masacres que se llevaron a cabo con el concurso de miembros del Ejército y de la Policía, y con la participación, activa u omisiva, de las autoridades civiles, tal como lo ha señalado la misma Corte, en varias sentencias contra Colombia. Y como lo determinó la Procuraduría General de la Nación en el año 2002. ¡Esos hechos atroces hacen que nuestro país se ubique entre los más bárbaros del mundo!

En el caso de Mapiripán, más de cien paramilitares partieron, en dos grandes aviones, del Urabá Antioqueño, hacia dicho municipio, con el propósito de cometer la horrenda masacre que allí tuvo lugar. En San José del Guaviare, fueron recibidos por miembros del Ejército, que los llevaron a Mapiripán, conscientes de la macabra misión que iban a cumplir.

Entre los días 15 y 20 de julio de 1997, los paramilitares reunieron a los pobladores en la plaza principal del municipio y, después de interrogarlos y torturarlos, asesinaron por lo menos a 49 de ellos, cuyos cadáveres arrojaron al río Guaviare. “Escuchábamos todas las noches -dijo un testigo- gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas, pidiendo auxilio”.

El 3 de agosto de 2005, es decir, ocho años después, la Unidad Nacional de Fiscalías ordenó la captura de Salvatore Mancuso, para vincularlo a la respectiva investigación penal. Sin embargo, dicha Unidad suspendió la medida, ante la decisión del Presidente Uribe de designar a Mancuso como vocero de las ‘AUC’, en el “proceso de paz” que con ellas se adelanta.

Es inaudito que el presidente haya designado al señor Mancuso como vocero de las Autodefensas en dicho “proceso”, después de que éste hubiera sido condenado, junto con Carlos Castaño, el 22 de abril de 2003, a 40 años de prisión por las dos masacres de Ituango, en las cuales fueron salvajemente asesinadas, y despojadas de sus propiedades, 19 personas.

El 30 de julio de 2003, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, en el sumario por la masacre de Mapiripán, ordenó que se investigara la conducta de las autoridades militares y de policía del Urabá Antioqueño y de varias localidades del Departamento del Meta donde los paramilitares “cometieron este macabro hecho” y de las autoridades civiles “que coadyuvaron a la ejecución de esta masacre…”

Entre estas autoridades habría que incluir al entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y al entonces Comandante de la Cuarta Brigada, General Carlos Alberto Ospina. Este último fue investigado por la Procuraduría General de la Nación, por la segunda masacre de Ituango, pero, después, con argumentos poco convincentes, se archivó la investigación.

En cambio, el ex gobernador ni siquiera ha sido investigado disciplinariamente, a pesar de que incurrió, al menos, en responsabilidad por omisión, ya que los vecinos de la población de Ituango demandaron su ayuda para evitar las masacres, sin que hubieran sido atendidos.

Después de conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres mencionadas, la conducta del Presidente, frente a los paramilitares, no tiene otra explicación que la de que –conforme al compromiso adquirido con ellos– está procurando la impunidad de sus delitos. De ahí que el primer proyecto de ley llevado por el Gobierno al Congreso permitiera que no pagaran un solo día de cárcel, como ellos lo habían exigido.

El temor de que esa ley –que, en el fondo, no era sino una insólita befa a la justicia–, no fuera suficiente para impedir que la Corte Internacional de Justicia los pudiera juzgar y condenar, llevó al Gobierno a presentar otro proyecto, el de Justicia y Paz, que contempla una pena irrisoria para sus crímenes. ¿Será exagerado decir que el presidente, en estos casos, ha obrado más como obraría un aliado de los paramilitares, que como jefe de Estado?

El Gobierno y el Congreso se han empeñado en la aprobación de leyes que, so pretexto de buscar la paz con los paramilitares, no están haciendo otra cosa que consagrar la impunidad para los más atroces crímenes de lesa humanidad. ¿Con qué autoridad moral se piden condenas severas para delitos menos graves? ¿Podrá sobrevivir la Justicia ante estos demoledores golpes?