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El asesinato del alcalde de El Roble

Por Enrique Parejo González,
Especial para UN PASQUÍN

Es una verdad de a puño que muchos de los delitos que se cometen en el territorio nacional quedan en la impunidad. Entre ellos cabe señalar, por sus caracteres de barbarie, el asesinato del alcalde municipal de El Roble, Sucre, cometido, según todo parece indicar, por los paramilitares, con la complicidad de algunos políticos de ese departamento, a comienzos de 2005.

La revista Cambio acaba de recordar las circunstancias en que se produjo ese horrendo crimen, que el país sólo vino a conocer a raíz del debate adelantado en el Congreso, a mediados de ese mismo año, por el Representante Gustavo Petro.

Tal como puede verse en el video –presentado durante el debate–, el Consejo Comunitario se realizaba normalmente, cuando pidió la palabra el Alcalde del citado municipio, Eudaldo Díaz, quien, frente al Jefe del Estado, dijo en voz alta, que los paramilitares, con la complicidad del gobernador de Sucre y de otros funcionarios regionales, que asistían al Consejo –a quienes él señaló–, lo querían asesinar.

Ante tan grave denuncia, el presidente se limitó a solicitarle a la Secretaria (!) de los consejos comunitarios, según el relato de la revista, “que hiciera lo necesario para que los organismos de control investigaran sus denuncias”. Unas pocas semanas después, el alcalde fue secuestrado en Sincelejo y su cadáver hallado, días más tarde, en las afueras de la ciudad, con signos evidentes de tortura.

Posteriormente, el país se enteró, atónito, de que el gobernador, acusado por la propia víctima, había sido designado Ministro Consejero de nuestra embajada en Chile. El ministro del Interior, en declaraciones a la prensa, explicó que el nombramiento había sido hecho para proteger su vida, ya que el ex gobernador, después de las denuncias del alcalde asesinado, estaba siendo amenazado de muerte.

Se probó así, una vez más, que la política de seguridad democrática favorece a los poderosos, pero no sirve para proteger la vida de un humilde alcalde municipal, ni siquiera cuando la protección es invocada ante el propio presidente de la República, gestor de esa política, que él y su gobierno califican de exitosa.

¡Este crimen ultraja la dignidad de la justicia y debe llenar de vergüenza a la Nación! No sabemos si, después del asesinato del alcalde, el presidente pidió que se investigara el crimen. Ni recordamos que le hubiera dado alguna explicación al país sobre el nombramiento del gobernador en el citado cargo diplomático. Según la revista Cambio, éste ni siquiera ha sido vinculado a la investigación penal, a pesar de haber sido acusado por su víctima de ser promotor de la conformación de los grupos paramilitares del departamento de Sucre, que después le dieron muerte.

El primer mandatario no se preocupa mucho porque se investiguen los delitos de que se acusa a los paramilitares. Su comportamiento en el caso de la muerte del Alcalde de El Roble deja mucho que desear. Lo mismo que el hecho de no haber atendido su angustiosa súplica de protección. ¿No merecerá esto ser investigado?

También deja mucho que desear su conducta frente a las recíprocas acusaciones que, en su presencia, se hicieron dos parlamentarios, de estar pidiendo el apoyo de los paramilitares en las próximas elecciones. Aunque este hecho ocurrió el pasado 3 de enero, la investigación sólo fue solicitada por el Presidente el 14 del mismo mes, después de que el periódico El Tiempo revelara los detalles de lo ocurrido. ¿Por qué, mientras tanto, se mantuvo el hecho en la más absoluta reserva?

Es lamentable y altamente censurable que el primer Magistrado de la Nación mire con desidia los delitos de los paramilitares y no se interese por que se investigue y sancione penalmente a sus autores. ¡Aunque él y sus amigos digan todo lo contrario!


* Ex ministro de Justicia y ex embajador de Colombia en Hungría.

 

 

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