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La farsa

Por Natalia Springer,
Especial para UN PASQUÍN

Hace algunas semanas recibí mensajes hostiles en los que se me exigía silenciar mi opinión. Aquello hacía referencia a las múltiples declaraciones –incluido el análisis publicado en exclusiva para la edición cero de un pasquín– que durante los últimos meses he dedicado al tema del desmonte de los grupos paramilitares, hoy en negociación con el gobierno del presidente Uribe.

En primer lugar, vale la pena aclarar que, distinto de lo que se ha supuesto, jamás he revelado mi opinión sobre este proceso. Si me he esforzado por permanecer en el terreno de los análisis propositivos es precisamente porque me ha parecido de vital importancia el reducir al máximo el carácter especulativo de las declaraciones en estos tiempos de tanta turbulencia. Sin embargo, ya que ha sido solicitada, debo admitir que mi opinión, desafortunadamente, es poco optimista. Opino, por ejemplo, que el proceso de paz con los paramilitares carece de fundamento legítimo, pues independientemente del carácter político o no de este grupo ilegal (podría haberse sustanciado mediante un debate audaz y abierto con el país), el proceso se ha reducido al diálogo cerrado y turbio entre dos que han sido cómplices. Ilustrativo de ello es que hasta hoy el gobierno haya guardado silencio y se abstenga de plantear los mecanismos para esclarecer las responsabilidades del Estado en la formación y expansión de los grupos paramilitares.

Más que un proceso de paz sui generis que carece de contenidos sustanciales, esta parece sí una nueva etapa de consolidación del poder paramilitar. Y es que no sólo han conseguido infiltrarse en el Congreso, el DAS o la Fiscalía. La ley de Justicia y Paz facilita a través del “principio de oportunidad” contemplado en el decreto que la reglamenta parcialmente, la legalización de los millones de hectáreas de tierra que han conseguido a sangre y fuego, consolidando así su control de facto sobre el territorio.

Si bien es cierto que el Proceso de desarme, desmovilización y reinserción, con fallas descomunales, ha ido avanzando, también es cierto que ya no necesitaban de un ejército ilegal para conseguir sus fines. En efecto están desmontando una tropa costosa, con los dineros del Estado y la Comunidad Internacional, de la que debían deshacerse sencillamente porque el nuevo orden mundial no distingue las graves violaciones en la conducta de las hostilidades según la naturaleza política de sus autores. El terror es terror y su autor es un terrorista, independiente de sus buenos deseos, sus objetivos nobles o el estatus jurídico. Punto final.  Sin cadenas de mando y con un accionar más sutil, la responsabilidad por la seguridad en las zonas de influencia ha recaído gradualmente sobre los grupos de civiles armados que ellos mismos han formado dentro de las comunidades bajo su control, con un efecto directo sobre la anarquización de la violencia y la calidad de la democracia. No es de asombrarse pues que tengamos listas únicas y candidatos en solitario.

En pocas palabras, los paramilitares han hecho lo que han querido y han dictado los términos de la “negociación” según sus intereses. Aquello era de esperarse. Lo que no deja de resultar insólito es que el Alto Comisionado de Paz, que es el máximo representante de los intereses de las víctimas, haya optado por evadirse limitando su función a la de supervisar la entrega de las armas, eludiendo así toda la responsabilidad sobre el proceso de paz. Hoy como ruedas sueltas se adelantan múltiples esfuerzos regionales, sin recursos y sin tener en cuenta las directrices del proceso central (¡porque no las hay!), a sabiendas de que todos estos esfuerzos podrán volar por los aires si la ley es declarada inconstitucional, un escenario cada día más probable. Y aún si no. Mientras más elevados sean los niveles de impunidad (de jure o de facto), más probable es que los máximos responsables de las autodefensas terminen juzgados en una corte extranjera bien por cargos relacionados con el negocio del narcotráfico o por crímenes contra la humanidad. ¿Quién se hará responsable de este fiasco? Exacto. Nadie.

Repitió dos veces la voz al otro lado del teléfono que por mi bienestar me convenía permanecer en silencio y no puedo estar más que de acuerdo en que el silencio es un privilegio mayor. Pero también es cierto que a la luz de tanto sufrimiento y tanto dolor como el que hoy padecen en soledad las víctimas, no encuentro un estado más magnífico que el de llamar esta farsa por su nombre y negarme a tomar parte en esta mentira colectiva. No tendría manera de cubrirme esta vergüenza.

¡Basta ya! Es tiempo de reformular este proceso de forma seria y transparente.


*Consultora para temas de Justicia Transicional.

 

 

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